Recientemente terminó un nuevo proceso de admisión para la educación terciaria (universidades y centros de formación técnica), y se sigue segregando a los alumnos por su condición socioeconómica y por el tipo de colegio al que asistieron. Van 10 largos años desde que se cambió la PAA por la PSU, con la promesa de que sería una prueba más justa para los alumnos más vulnerables. Además, desde el año pasado se integró el ranking de notas y vemos cómo la segregación continúa.

Puede que el sistema de admisión anterior haya requerido de ajustes. Sin embargo, la PAA era una prueba que medía aptitudes, destrezas y que permitía una mejor predicción con el futuro desempeño a nivel universitario. Si a esa prueba se le agregaban algunos tests de contenidos específicos, en función de las áreas de desarrollo de estudio de las carreras, se habría llegado a un sistema más justo.

La PSU fue un cambio precipitado y muy poco estudiado que buscó matar dos pájaros de un tiro. Al estar basada sólo en los contenidos del currículum de enseñanza media, sólo mide el desempeño de término del período escolar, sin considerar las aptitudes y talentos del futuro universitario. Luego se dejó como prueba de admisión para el sistema universitario.

Todo esto nos ha llevado a la triste situación que la PSU está manteniendo y perpetuando la condición que traen los alumnos más vulnerables del país, que acceden a una muy mala calidad de educación municipal o particular subvencionada, por lo que no aumenta el acceso a la universidad para alumnos de escasos recursos. De hecho, hay evidencia de que han disminuido sus oportunidades.

Dos estudios realizados por instituciones internacionales han hecho ver públicamente esta situación, pero cada año se continúa con el ritual de defender la PSU, hacer arreglos cosméticos al sistema de admisión y privilegiar una vez más a los alumnos de los colegios privados y emblemáticos (alrededor del 7% de los egresados), en desmedro de muchos alumnos talentosos y con aptitudes para continuar sus estudios, pero que no tienen la oportunidad.

Después de 10 años de esta injusta situación, sólo queda dejar al descubierto quiénes son los responsables: los creadores de la PSU, las autoridades que la aprobaron, el CRUCH que la mantiene y profita de ella, el Mineduc que la financia, y los muchos teóricos que la defienden sin querer asumir el grave error que se cometió.

Esperamos sinceramente que las nuevas autoridades del sector sean capaces de resolver esta situación, para acabar con la enorme injusticia a que han sido sometidos los alumnos más vulnerables, y con la convicción de que la PSU no hay que arreglarla, sino desecharla.