
Las autoridades que firmaron el documento (de izq a der): Lorenzo Figueroa de Caritas Chile; Verónica Monroy del Hogar de Cristo; Benito Baranda de América Solidaria; Pía Mundaca de Techo Chile; Juan Carlos Feres de Superación de la Pobreza, Alejandra Pizarro de la Comunidad de Organizaciones Solidarias y Luis Berríos de la Vicaría de la Pastoral Social
Con motivo del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, siete de las organizaciones sociales más grandes del país publicaron una declaración donde proponen modificar la Ficha de Protección Social.
El documento fue firmado por la Fundación para la Superación de la Pobreza, el Hogar de Cristo, Techo Chile, América Solidaria, la Comunidad de Organizaciones Solidarias, Caritas Chile y la Vicaría de la Pastoral Social y los Trabajadores. Las instituciones expusieron que el actual sistema, que mide la situación socioeconómica de familias vulnerables para acceder a beneficios estatales, provoca “consecuencias negativas para la población en situación de pobreza”.
“Los actuales instrumentos son deficientes, por eso tenemos políticas que excluyen aún más a las personas en situación de pobreza. Una prueba de ello son los 200 mil jóvenes chilenos que no estudian ni trabajan”, explicó Benito Baranda, presidente de América Solidaria.
En tanto, Leonardo Moreno, director de la Fundación para la Superación de la Pobreza, manifestó que no se han dimensionado las consecuencias del vigente modelo de encuestas. “Las personas deben autodefinirse como pobres y revelar sus miserias y carencias. En la ficha sus logros no tienen cabida porque los castiga con mayor puntaje”, criticó.
Desigualdad y segregación
El texto elogia los avances del país en la reducción de la pobreza que, según cifras oficiales, ha bajado de un 45% a un 14,4%, en poco menos de un cuarto de siglo. También destaca la actualización de la Ficha CAS a la de Protección Social logró excluir a los que intentan obtener beneficios sin necesitarlos.
Sin embargo, los especialistas precisaron que ahora el desafío es abordar los problemas de segmentación territorial y la desigualdad en el acceso a la educación, la cultura, la salud y el trabajo.
Como solución, el documento recomienda limitar el uso de fichas de reporte de las familias, el que califican como “excesivo y desmesurado”. En su reemplazo proponen esquemas categóricos de focalización que, dicen, “son de fácil verificación y difíciles de tergiversar”. Este modelo consiste en seleccionar territorios en pobreza o aspectos como como la edad y el origen étnico.
“Pobres no sólo son quienes no tienen cosas, sino que también aquellos que no tienen la capacidad de elegir cómo vivir, dónde educar a sus hijos o que atención de salud recibir”, precisó Alejandra Pizarro, líder de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, entidad que reúne a 120 instituciones sin fines de lucro.
Las instituciones firmantes esperan obtener una respuesta similar a la del año pasado, cuando propusieron un cambio de la metodología de la Encuesta Casen. Meses más tarde, el Presidente Piñera conformó una comisión de expertos para asesorar al gobierno en la actualización de la línea de la pobreza. La mesa de trabajo entregará su informe fines de este año.