Escribo esta columna mientras las noticias nos informan de que cuatro planteles se agregan a los ya investigados  por sobornos y supuestos pagos a la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Los nuevos investigados son el Instituto Profesional Arcos, el Centro de Formación Técnica Insec; el CFT del Medio Ambiente (IDMA) y el CFT Simón Bolívar.

Busco, entonces, en Wikipedia una definición del término acreditación, solo para corroborar que todos entendamos lo mismo cuando hablamos de ella y encuentro las siguientes:

• Es un reconocimiento formal que hace una tercera parte de que un organismo cumple con los requisitos específicos y es competente para desarrollar tareas específicas. 

• Significa haber cumplido un modelo, ser revisado por una organización que verifica el cumplimiento del modelo, estar conforme con la implantación del mismo y el logro de los objetivos planteados.

En nuestro sistema educacional se buscó el mecanismo para acreditar a las universidades, tanto estatales como privadas, cuando comienza el indiscriminado aumento de la matrícula universitaria en diversas instituciones.

La acreditación permitiría recibir alumnos financiados con el CAE (Crédito universitario con Aval del Estado), lo que significaba financiamiento seguro para los alumnos más vulnerables del país que quisieran seguir una carrera universitaria.

Nace así la CNA encargada de velar por el sistema que funcionaba con agencias privadas, cuya misión es apoyar a las instituciones para lograr esta acreditación. La CNA es un organismo púbico,  con financiamiento del presupuesto de la Nación, con un representante del Ministerio de Educación en su directorio y cuyo presidente es designado por el Presidente de la República.

El actual escándalo referido a los cobros y sobornos para lograr acreditaciones -que actualmente tiene en la cárcel a su ex presidente, Eugenio Díaz, a tres rectores de universidades y donde un Ministro de Estado, Teodoro Ribera, debe renunciar por conflictos de interés- solo agrega más ingredientes a la insoslayable tarea de repensar nuestro actual sistema educacional. Son demasiadas las incongruencias del modelo implementado, corregido y aumentado, por los distintos gobiernos en los últimos 22 años, para seguir tapando con un dedo el sol.

Durante la educación básica y media, la calidad de educación que recibe la mayoría de los estudiantes es de muy baja calidad – basta ver los últimos resultados del Simce de 2º medio- segrega a los alumnos por su condición socioeconómica y los encamina hacia una educación universitaria, principalmente privada, que recibe a estos estudiantes vulnerables muy mal preparados. Podría recordar, para avalar este juicio, las declaraciones del ex-decano de arquitectura de la Universidad San Sebastián, Cristián Boza, quien en una revista del diario El Mercurio señaló: “(Los alumnos) son primera generación en la universidad, son, por ejemplo, hijos de un camionero, de gente vulnerable, me equivoqué en plantear un esquema muy sofisticado”

Las instituciones ven en ellos a clientes y lucran con su ilusión y la de sus familias, quienes se endeudan en un Crédito con Aval del Estado, en una universidad acreditada por una institución corrupta.

¿Quienes son los más afectados con esta situación?  Los mismos de siempre, los más pobres, los que estudiaron en colegios de mala calidad, los que han sido discriminados por la PSU y que creyeron que la educación que entrega el Estado les permitiría la tan necesaria  movilidad social.

Es hora que los responsables de esta situación: gobierno, partidos políticos, universidades privadas y públicas, autoridades ministeriales, terminen con este escándalo que sí tiene nombre, se llama descaro.