Doce organizaciones ligadas a la infancia piden una instancia rectora que garantice el derecho de los niños a crecer y desarrollarse, en un país que no tiene leyes de protección infantil, a pesar de que en 1990 se ratificara la convención de los Derechos de los Niños y Niñas de la ONU.
Por Loreto Lavín y Gabriela Castillo
De izquierda a derecha: fila inferior: Denisse Araya, Raíces; Marcela Labraña, Sename; Alejandra Riveros, Aldeas Infantiles SOS; Consuelo Contreras, Corporación Opción; Catalina Brieba, Niños Ahora; Ana María Morales, Paz Ciudadana; Paulina Leiva, Fundación Amparo y Justicia Fila superior: Verónica Monroy, Hogar de Cristo; Nicolás Espejo, Unicef; José Andres Murillo, Fundación para la Confianza Danae Fuentes, Hogar de Cristo; Paulina Solis, Achnu; Eduardo Olivera, María Ayuda.
Reconocen que a veces están descoordinados en los programas que buscan ayudar a los niños, que no cuentan con los profesionales necesarios – por falta de recursos-, pero siguen trabajando con los menores vulnerados, a la espera de una política de infancia y de recursos del Estado que garantice que un niño –siempre- pueda ser niño.
La Segunda instauró la mesa y ellos conversaron. Entre estas organizaciones se reconocen, y han participado en varias iniciativas que buscan políticas públicas que se hagan cargo de los derechos de los niños, pero han fracasado en todos los gobiernos. Sin embargo confían en el recién creado Consejo Nacional de la Infancia.
Este Consejo, se instaló desde la Segpres y se coordina con los ministerios que, de alguna u otra forma, están relacionados con los menores. Estela Ortiz, su Secretaria Ejecutiva, ya adelantó algunos programas y plazos y prometió conversar con la sociedad civil.
“Las organizaciones que trabajamos por la niñez coincidimos en la necesidad de cambiar una cultura de infancia a través de una ley de protección o garantías integral de sus derechos”, explicó José Andrés Murillo, presidente de Fundación para la Confianza y vocero del Bloque por la Infancia, una agrupación que reúne a más de 300 organizaciones y que intenta concretar la ley de protección integral. “Estamos en un momento histórico donde todos confluyen en esa necesidad. El Estado, la sociedad civil, e incluso los medios de comunicación”, añadió Murillo.
Sin embargo, Marcela Labraña, Directora del Servicio Nacional de Menores (SENAME), enfatizó en la mesa de diálogo, que no basta con tener una ley, si no que “ésta debe estar acompañada de una matriz de políticas públicas que no dependa de un ministerio, pero por sobre todo, de un cambio de paradigma del cómo vemos a los niños”. Por estos días, la institución fue nuevamente tema de debate, luego de que en una entrevista realizada el diario La Segunda-el pasado 9 de mayo- Estela Ortiz señalara que dentro de la nueva institucionalidad que se está creando desde el Consejo, Sename se acabaría.
“Del SENAME pueden cambiar todo lo que quieran, pero lo que resuelve son sólo problemas administrativos”, indicó, Consuelo Contreras, directora de Corporación Opción, organización queatiende a veinte mil niños en situación de vulnerabilidad, a través de programas de reparación. “Con esto los ministerios siguen sin estar obligados y trabajando cada uno por su cuenta”. Es por esto que argumentó que cuando las organizaciones piden una nueva institucionalidad, se refieren a un servicio que cumpla las funciones que SENAME realiza hasta ahora, pero previamente ligado a una ley de protección que obligue a los distintos sectores a proteger y garantizar los derechos que están establecidos en la convención.
Complementando esta visión, Verónica Monroy, directora social del Hogar de Cristo, explicó que el problema también pasa por la fragmentación de la política respecto a los niños: “Hoy hay una política absolutamente fragmentada y no coordinada”. Agregó que incluso algunos programas chocan y no tienen sinergia entre sí. “Por eso debe haber una política integrada, por sobre todas las otras políticas sectoriales”.
Esta falta de coordinación ministerial es también una traba para la labor de Amparo y Justicia. En los casos de delitos sexuales a menores es evidente la descoordinación de todas las instituciones involucradas ya que actúan como islas. “Hemos analizado la experiencia internacional –señaló su directora Paulina Leiva-, y hay muchos países que han logrado esta coordinación ni siquiera a través de leyes, sino que a través de establecimientos de protocolos”.
Alejandra Riveros, abogada de Aldeas Infantiles SOS, -hogares de acogida a niños gravemente vulnerados- aclaró que “nosotros estamos en el último eslabón de la cadena, cuando todas las políticas públicas fallaron. Por eso, lo primero que tenemos que proponer es que esa ley de protección integral se preocupe de prevenir que estas situaciones sucedan”. Riveros agregó que “ojalá este sistema (hogares) desapareciera. Pero como eso no va a suceder, hay que especializarlo, meterle recursos, elevar el nivel con los mejores estándares, considerando que el niño no está solo, tiene y vive en un contexto”.
Una mirada érronea de la infancia
El encargado del área legal de UNICEF, Nicolás Espejo, fue enfático en señalar que “los niños en Chile son noticias solo tienen o generan problemas” y destacó: “Chile se está autodefiniendo donde el camino pareciera ser una nueva constitución, una que no solo reconozca a los niños, sino que garantice la participación de ellos, tal como lo establecen otros países en sus constituciones”.
Denisse Araya, directora de Raíces, - fundación que rescata a niños explotados sexual y comercialmente- declaró que “la situación de la niñez no da más en nuestro país. ¿De qué nos jactamos?, ¿de tener una ley de los años veinte de la doctrina de seguridad del menor? Tenemos que mejorar, si no, seguiremos con estos parches”. Paulina Solís, abogada de la Asociación Chilena pro Naciones Unidas (ACHNU), se suma a esta petición, destacando que esta ley debe hacerse con el compromiso de todos, fundamentalmente de quienes comunican y de los integrantes de la sociedad civil: “Es el momento de dejar atrás la visión adultocéntrica que tenemos para elaborar políticas o propuestas”.
Consejo Nacional de la Infancia y la Adolescencia
Como una instancia de reflexión y propuestas fue creado el Consejo Nacional de la Infancia y Adolescencia. Presidido por la ministra Secretaria General de la Presidencia, Ximena Rincón, está integrado por los ministros de Desarrollo Social, Fernanda Villegas; de Justicia, José Antonio Gómez; Educación, Nicolás Eyzaguirre; Salud, Helia Molina; Hacienda, Alberto Arenas y la ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual.
Este comité, dirigido por Estela Ortiz como Secretaria Ejecutiva, tiene un año de plazo para impulsar las transformaciones necesarias que garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Para la sociedad civil, el consejo ha designado dos cupos consultivos.
Consultados por esta iniciativa, Marcela Labraña, directora nacional de SENAME, explicó que este Consejo se crea ahora porque existe una deuda pendiente. “Ojalá hubiese sido hace 15 o 20 años atrás, pero esto tiene que ver con el ambiente que se ha creado en el último tiempo. No sé si antes se hubiese dado que nos sentáramos en una mesa como ésta”.
El vocero del Bloque por la Infancia, José Andrés Murillo, expresó que se tiene confianza en lo que el Consejo pueda llegar a hacer. “La mayoría (de quienes lo componen) tiene historia, conocen los temas de infancia y están apuntando alto; por lo que puede salir algo bueno”. Sin embargo, agregó que “nuestra tarea no es ser parte de ellos, sino que una contraparte que pueda aportar”.
En tanto, Nicolás Espejo de Unicef, reconoció que existen dos indicadores que dan señales de que la política se está llevando por un buen camino: “primero que Hacienda forme parte del Consejo, y segundo, que no sea el Ministerio de Desarrollo Social quien lidera esta instancia”.
Desde lasorganizaciones también recalcan la importancia de que todo se ejecute en el breve plazo, ya que “es conocido que los cuatro años nunca son suficientes, por lo que el tema se patea y posterga. Además, cada gobierno llega con una nueva visión, generando un retroceso”, señaló Ana María Morales, directora de Justicia y Reinserción de Paz Ciudadana.
Presupuesto: la piedra angular
Las organizaciones de infancia coinciden en la importancia que tiene el presupuesto para avanzar en esta materia. “Es necesario que se establezca prioridad presupuestaria para la infancia. En esto la convención es inequívoca. El principio del interés superior del niño es lo primordial”, indicó Espejo.
Labraña, en tanto, destacó que, “ya sea SENAME o la creación de otro servicio, es importante mejorar el presupuesto, si no el problema seguirá rebotando”. Explicó que para cumplir los estándares que se requieren, SENAME necesita 40% más de los recursos que tienen designados en 2014.
La mesa de diálogo también estuvo marcada por la necesidad que tienen las organizaciones de dejar de trabajar desde la caridad y la beneficencia. “Nos ha tocado escuchar a diputados decir que el tema del financiamiento de las instituciones es casi para lucrar”, señaló Eduardo Olivera, director de María Ayuda. “Esto habla de una ignorancia completa en la materia. Hoy tener profesionales con experiencia para que efectivamente logremos impactar en la vida de los niños, es imposible. Nadie está dispuesto a trabajar por las rentas bajo mercado con el desgaste altísimo que se genera”.
Menores Infractores de la Ley… sin acuerdos
Ana María Morales, de Paz Ciudadana, explica que su foco de atención son los menores infractores. “Para nosotros va de la mano la ley de protección con la creación de un servicio que dependa del Ministerio de Desarrollo Social y que deje de estar alojado en Justicia. Esto, porque si no el estigma de vincularlo a la judicialización va a seguir eternamente”.
Sin embargo, Consuelo Contreras de Corporación Opción no está de acuerdo. “Llevarlo al ministerio de Desarrollo Social ubica la grave vulneración de derechos del niño en sectores de pobreza. Se necesita un ente rector que articule políticas públicas y sus mecanismos administrativos y judiciales para garantizar el derecho a todos los niños de Chile, no solo a los de un sector”.
Derechos del Niño
Los derechos del niño son un conjunto de normas que protegen a las personas hasta determinada edad. La idea es asegurar a los niños bienestar material y espiritual. Con el tiempo y debido a la condición de vulnerabilidad y fragilidad de ellos, se aplicó el concepto de “derechos”.
Estos principios, basados en el interés superior del niño, fueron acordados por 193 países en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989, y ratificado por el gobierno de Chile en 1990 por unanimidad del Congreso. La no discriminación, el derecho a la vida y a un desarrollo adecuado son algunos de los derechos irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia
