Las repercusiones de la última encuesta Casen no terminan. Nadie puede negar que todo lo sucedido con la entrega de los datos de pobreza en el país, ha sido por lo menos, triste. Hemos transitado desde la petición de respuestas técnicas por parte de la academia, a rencillas y declaraciones de todos los sectores involucrados. Con todo, y  a estas alturas con el claro temor sobre  la falta de consenso que puedan producir las afirmaciones siguientes, podemos concluir con fundamento que:

1.- A partir de los márgenes de error presentes en las mediciones, según la Cepal y la gran mayoría de los académicos que han opinado sobre el tema,  la reducción de la pobreza entre 2009 y 2011, no es significativa.

2.- La medición, con la línea de la pobreza de 1988, está desactualizada. Por ello, no es posible seguir atrasando la actualización de la medición de pobreza por ingresos. Ello significa un esfuerzo técnico importante, pero necesario y urgente.

3.- El comportamiento evolutivo de la pobreza evidencia que ésta ha cambiado. En la actualidad hay que pensarla como un fenómeno dinámico, que afecta a más personas que aquellas que un momento dado aparecen por debajo de la línea. Por ello las mediciones llamadas longitudinales,  que “siguen” a las familias durante un tiempo se hacen cada vez más necesarias.

4.- Es imprescindible para una mejor comprensión de la realidad de la pobreza en nuestro país, complementar la medición con parámetros multidimensionales que incluyan otras dimensiones del bienestar, más allá de los ingresos de las personas.

5.- Desde que se comenzaron a conocer los datos, se han sucedido una serie de acontecimientos y discusiones públicas, que han puesto en duda, la validez de la medición de la pobreza, así como la confiabilidad de los datos y las instituciones que están involucradas en todo el proceso.

6.- La última entrega de las cifras de pobreza pone nuevamente en evidencia que nuestra institucionalidad social, todavía puede ser perfeccionada, en pos del mejor desarrollo de nuestras políticas públicas y sociales en particular.

7.- En la actualidad, la ciudadanía es más exigente sobre el quehacer de sus servidores públicos y está más informada que en el pasado. Asimismo, el conocimiento técnico no es propiedad de unos pocos, existen una serie de actores que demuestran capacidad de opinión y reflexión.

8.- A partir de lo anterior existe creciente consenso en torno a la necesidad de separar las labores ejecutoras de las políticas, de las evaluadoras de las mismas.

9.- Así, desde el Gobierno, la academia, las instituciones que trabajamos en el mundo de la pobreza y la ciudadanía en general, parece surgir la convicción común sobre la necesidad de incrementar la confianza de la población en estudios que permiten evaluar el desempeño de las políticas, investigaciones que determinen su nivel de bienestar, funcionamiento, desarrollo, etc. Para ello es necesario contar con un organismo de alto nivel técnico, independiente, autónomo, transparente, que se coordine con los distintos sectores. Diversos sectores, incluído el Ministro Lavín, mencionan un INE autónomo como alternativa

Sin duda existen muchas otras conclusiones. Creo que estas al menos, son ampliamente compartidas. Falta ahora que todos actuemos en consecuencia.